Montero retoca la ley del aborto para acusar a los médicos de «ejercer violencia por prejuicios machistas»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha aprovechado la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley del aborto para introducir una de sus grandes pretensiones, la persecución a los médicos por la supuesta «violencia obstétrica», un concepto que provoca las críticas y el rechazo de los profesionales. Podemos ha registrado hasta seis enmiendas -que retocan varios artículos de la norma- en las que se ataca a los sanitarios por, supuestamente, ejercer «violencia contra las mujeres».

En los textos que retocan la ley del aborto, consultados por OKDIARIO, Montero incluso argumenta -con referencia a la relatora especial de la ONU -que los médicos ejercen esta «violencia» en la atención al embarazo y el parto con prácticas «que impactan sobre la salud física y psíquica de las mujeres y sobre su derecho al más alto nivel de salud» y «que están basadas en prejuicios y estereotipos machistas sobre la reproducción, la sexualidad, el embarazo y el parto».

La titular de Igualdad se basa en dos dictámenes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, que analizó dos casos en España: en uno, la mujer denunció haber sufrido «seis prácticas invasivas en su proceso de parto, si el necesario consentimiento informado». En otro, la mujer «fue sometida a una inducción prematura del parto y una cesárea sin su consentimiento».  Esos dos supuestos casos sirven a Montero de argumento para extender una sombra de sospecha sobre todos los profesionales sanitarios.

Polémica

Podemos siempre ha defendido esta supuesta «violencia» ejercida por los profesionales sanitarios que consideran forma de «violencia de género». Sin embargo, estas acusaciones provocan discrepancias con el PSOE -especialmente con los Ministerios de Sanidad y Justicia- y el texto aprobado por el Consejo de Ministros no recogió las pretensiones de Igualdad.

Los médicos, por su parte, rebaten abiertamente estos ataques a consecuencia de la ley del aborto. Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos aseguran que no se ajusta a la realidad asistencial y que criminaliza el trabajo de los profesionales que actúan bajo el rigor científico y la ética médica, además de crear alarma social y erosionar la «necesaria confianza entre médico y paciente». Los especialistas en ginecología, recuerdan, tienen el compromiso de velar en todo momento por el bienestar de las mujeres, su salud y la de sus hijos y por la mejora de la práctica clínica basada en la evidencia.

Campañas

Montero, sin embargo, ha ignorado esas críticas y se ha lanzado al ataque contra los profesionales con seis enmiendas -que tendrían que ser apoyadas por el PSOE para prosperar -, que buscan perseguir a este colectivo acusándoles de «una forma de violencia contra las mujeres» y «una vulneración del derecho al más alto nivel de salud».

En los textos se insta a los servicios públicos a destinar «esfuerzos especiales» para «la eliminación de actos no apropiados o no consensuados», como cesáreas o intervenciones invasivas o dolorosas sin analgesia, o bien «la obligación de parir en una determinada posición, medicalización excesiva o innecesaria que pudiera generar complicaciones graves». También se reclama «la eliminación de la violencia psicológica y el maltrato verbal, a través del uso de lenguaje despectivo, la ausencia de información, insultos y el trato autoritario o humillante».

Además, se pide «la eliminación de las separaciones innecesarias de las personas recién nacidas de sus madres y otras personas con vínculo directo con estas» y  de «decisiones que sustituyan la forma de alimentación elegida para los recién nacidos por sus madres sin consentimiento de estos».

Asimismo, Montero quiere que las administraciones sanitarias realicen una labor de «investigación y recogida de datos» para llevar a cabo estudios sobre estas prácticas. Para ello, se obligará a las comunidades autónomas a «una recogida de datos periódica, a partir de la información proporcionada por los centros sanitarios». También se promoverá que los centros sanitarios cuenten con protocolos para que las mujeres puedan reclamar. Montero señala que la ONU «exhorta al Gobierno español a realizar estudios que permitan visibilizar la violencia obstétrica y orientar las políticas para luchar contra ella».

Podemos también quiere recoger por ley la obligación de las administraciones públicas a realizar «campañas y acciones formativas» para que todas las mujeres conozcan «sus derechos y recursos disponibles» en caso de «sufrir violencia obstétrica». Esas campañas tendrán una amplia difusión, considerando aspectos como «la edad, la discapacidad, el idioma, la ruralidad o la residencia en el extranjero de nacionales españolas».